Para el Cuerpo de Auxilio Judicial, este tema fija el marco de derechos que el funcionario debe respetar en su trabajo diario: notificaciones, embargos, lanzamientos, registros y custodia de salas. El Título I de la Constitución de 1978 ("De los derechos y deberes fundamentales", arts. 10-55) se abre con el art. 10.1, que proclama la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social; el art. 10.2 obliga a interpretar estos derechos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales ratificados por España.
El núcleo de máxima protección lo forman la igualdad ante la ley (art. 14) y la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15-29). En la práctica del puesto conviene retener los que más directamente condicionan las actuaciones:
Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos, también a la Oficina judicial. El art. 53 CE ordena las garantías en tres niveles: el art. 53.1 exige que su regulación se haga por ley respetando su contenido esencial; el art. 53.2 reserva al art. 14 y a la Sección 1.ª (más la objeción de conciencia del art. 30.2) la tutela reforzada ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; el art. 53.3 deja los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) a su alegación ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.
Doctrinalmente las garantías se agrupan en normativas (aplicación directa de la Constitución, reserva de ley orgánica del art. 81, contenido esencial y rigidez del art. 168), jurisdiccionales (procedimiento preferente y sumario, recurso de amparo y habeas corpus del art. 17.4) e institucionales (el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal). El art. 55 CE permite la suspensión de ciertos derechos: con carácter general (art. 55.1) durante los estados de excepción o de sitio, y de forma individual (art. 55.2), siempre con intervención judicial y control parlamentario, en investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas.
Como garantía institucional destaca el Defensor del Pueblo (art. 54 CE y LO 3/1981), alto comisionado de las Cortes Generales designado para la defensa de los derechos del Título I, que supervisa la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes. Es elegido por mayoría de tres quintos del Congreso y ratificado por el Senado, con mandato de cinco años, y goza de independencia, inviolabilidad e inmunidad (art. 6 LO 3/1981). Cualquier persona con interés legítimo puede presentarle una queja por escrito, de forma gratuita y sin abogado ni procurador, en el plazo de un año (arts. 10, 15 y 17 LO 3/1981). Para el Auxilio Judicial es esencial el art. 13 LO 3/1981: cuando la queja afecta al funcionamiento de la Administración de Justicia, el Defensor no actúa directamente, sino que la traslada al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial. No puede modificar ni anular actos administrativos, pero formula advertencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales (arts. 28 y 30) y está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo (art. 29 LO 3/1981, en relación con el art. 162.1 CE).
1. El procedimiento de habeas corpus, que la ley debe regular para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente, tiene su anclaje constitucional en el:
El art. 17 CE prevé que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus, vinculado al derecho a la libertad y a la seguridad.
2. Se tramita documentación relativa a la suspensión de determinados derechos (arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 21 CE). Conforme al art. 55.1 CE, esa suspensión general solo procede si se declara:
El art. 55.1 CE prevé que los derechos de los arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d), 20.5, 21, 28.2 y 37.2 podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio.
3. Según el art. 10.1 CE, ¿qué se consideran fundamento del orden político y de la paz social?
El art. 10.1 CE proclama como fundamento del orden político y de la paz social la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
4. Conforme al art. 17 CE, además del límite máximo de 72 horas, la detención preventiva no podrá durar más de:
El art. 17 CE dispone que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
5. Notificada a la parte la resolución que agota la vía judicial, esta pregunta de cuánto tiempo dispone para acudir en amparo frente al acto judicial. Conforme al art. 44 LOTC, el plazo es de:
El art. 44 LOTC fija un plazo de treinta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial para interponer el amparo frente a actos judiciales.
6. Un ciudadano de escasos recursos pregunta en la oficina judicial si tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo le supondrá algún coste. Conforme al art. 17 LO 3/1981, ¿qué respuesta es correcta?
El art. 17 LO 3/1981 establece que la actuación del Defensor del Pueblo es gratuita para el interesado y no será preceptiva la asistencia de letrado ni de procurador.
7. Según el art. 18.3 CE, se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial las postales, telegráficas y telefónicas, salvo:
El art. 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial.
8. ¿Qué derechos gozan de la máxima protección (procedimiento preferente y sumario, recurso de amparo y reserva de ley orgánica)?
Según los arts. 53 y 81 CE, gozan de la máxima protección el art. 14 y la Sección 1.ª (arts. 15-29), más la objeción de conciencia del art. 30.2: reserva de ley orgánica, procedimiento preferente y sumario y recurso de amparo.
9. Un ciudadano pide al Defensor del Pueblo que anule directamente una resolución administrativa que le perjudica. Conforme al art. 28 LO 3/1981, ¿qué puede hacer el Defensor?
El art. 28 LO 3/1981 establece que el Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración pública, pero podrá sugerir la modificación de los criterios utilizados para su producción.
10. Un ciudadano acude a la oficina judicial preguntando cómo presentar una queja al Defensor del Pueblo y si necesita abogado. Conforme a los arts. 10, 15 y 17 LO 3/1981, ¿qué se le debe indicar?
Los arts. 10, 15 y 17 LO 3/1981 establecen que puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo; la queja se presenta por escrito y firmada, en el plazo máximo de un año desde el conocimiento de los hechos, y la actuación es gratuita, sin necesidad de letrado ni procurador.
11. Según el art. 22 CE, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de:
El art. 22 CE dispone que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada; son ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, y se prohíben las secretas y las paramilitares.
12. Una queja presentada al Defensor del Pueblo se refiere al funcionamiento de la Administración de Justicia. Conforme al art. 13 LO 3/1981, ¿cómo debe actuar el Defensor?
El art. 13 LO 3/1981 dispone que cuando la queja se refiera al funcionamiento de la Administración de Justicia, el Defensor del Pueblo deberá dirigirla al Ministerio Fiscal para que investigue su realidad y adopte las medidas oportunas, o dar traslado al Consejo General del Poder Judicial; el Defensor no puede modificar ni anular actos o resoluciones.
13. Según el art. 41 LOTC, son protegibles en amparo los derechos y libertades reconocidos en:
El art. 41 LOTC dispone que son protegibles en amparo los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 CE, así como la objeción de conciencia del art. 30.
14. El derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión se recoge en el:
El art. 14 CE establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
15. Una parte que se considera perjudicada por un acto del órgano judicial quiere acudir en amparo. Conforme al art. 44 LOTC, ¿qué requisitos debe cumplir previamente?
El art. 44 LOTC exige, para el amparo frente a actos judiciales, agotar todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, que la violación sea imputable de modo inmediato y directo al órgano judicial, y haber denunciado formalmente la vulneración tan pronto como hubiera lugar, con plazo de treinta días desde la notificación.
16. Según el art. 20 CE, en el ejercicio de las libertades de expresión e información:
El art. 20 CE reconoce las libertades de expresión e información y dispone expresamente que no puede existir censura previa; su límite está en el respeto a los derechos del Título I, especialmente el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia.
17. Conforme al art. 17 CE, el plazo máximo de la detención preventiva, transcurrido el cual el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial, es de:
El art. 17 CE establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
18. Conforme al art. 55.1 CE, la suspensión general de determinados derechos (arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 21, etc.) procede cuando se acuerde la declaración de:
El art. 55.1 CE prevé que los derechos de los arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d), 20.5, 21, 28.2 y 37.2 podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución.
19. Antes de archivar unas actuaciones, debe garantizarse que la parte ha podido conocer y reaccionar frente a las resoluciones. ¿Qué derecho del art. 24.1 CE se protege con ello?
El art. 24.1 CE reconoce la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión; un archivo que prive a la parte de conocer y reaccionar frente a las resoluciones puede vulnerar ese derecho.
20. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se garantiza en el:
El art. 18.1 CE garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
21. Según los arts. 2 y 3 LO 3/1981, el mandato del Defensor del Pueblo dura:
Conforme a los arts. 2 y 3 LO 3/1981, el Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos del Congreso, ratificada por el Senado, y su mandato dura cinco años.
22. Conforme al art. 16 CE, la libertad ideológica, religiosa y de culto tiene como única limitación:
El art. 16 CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley; además, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y ninguna confesión tendrá carácter estatal.
23. Según el art. 25.2 CE, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a:
El art. 25.2 CE establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social.
24. Conforme al art. 10.2 CE, las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con:
El art. 10.2 CE dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
25. Llega a la oficina judicial un expediente para disolver una asociación presuntamente ilícita. Conforme al art. 22 CE, ¿qué se requiere para su disolución o suspensión?
El art. 22 CE dispone que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
26. Un ciudadano quiere reclamar por el mal funcionamiento de una Administración pública y pregunta si puede acudir gratuitamente al Defensor del Pueblo. Conforme a la LO 3/1981, ¿qué se le indica?
Conforme a los arts. 10, 15 y 17 LO 3/1981, toda persona con interés legítimo puede dirigir una queja por escrito al Defensor del Pueblo, siendo su actuación gratuita y sin necesidad de letrado ni procurador.
27. Conforme al art. 2 LO 3/1981, resultará designado Defensor del Pueblo quien obtenga:
El art. 2 LO 3/1981 establece que resultará designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
28. Según los arts. 49.1 y 50 LOTC, la demanda de amparo debe justificar:
Los arts. 49.1 y 50 LOTC, tras la reforma de la LO 6/2007, exigen que la demanda de amparo justifique la especial trascendencia constitucional del recurso, atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución.
29. Un agente judicial debe practicar una entrada en el domicilio del demandado para ejecutar un lanzamiento. El titular no presta su consentimiento y no hay flagrante delito. ¿Qué exige el art. 18.2 CE para la entrada?
El art. 18.2 CE declara inviolable el domicilio: ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Sin consentimiento ni flagrancia, la entrada para ejecutar el lanzamiento requiere resolución judicial.
30. Se comunica a la autoridad una manifestación en lugar de tránsito público. Conforme al art. 21 CE, ¿en qué único supuesto podrá prohibirse?
El art. 21 CE permite prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones solo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
31. En la documentación de un atestado consta una detención. Para verificar su regularidad conforme al art. 17 CE, ¿cuál es el plazo máximo tras el cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial?
El art. 17 CE fija que, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
32. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional procede contra la violación de los derechos referidos en el art. 53.2 CE, que se sustancia conforme al:
El recurso de amparo procede contra la violación de los derechos del art. 53.2 CE y se sustancia ante el TC conforme al art. 161.1.b) CE.
33. Conforme al art. 18.2 CE, ¿en qué supuesto excepcional cabe la entrada en un domicilio sin consentimiento del titular ni resolución judicial?
El art. 18.2 CE establece que ninguna entrada o registro podrá hacerse en el domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
34. La objeción de conciencia, pese a ubicarse en la Sección 2.ª (art. 30.2 CE), tiene una particularidad en cuanto a su protección:
Aunque el art. 30 está en la Sección 2.ª, la objeción de conciencia del art. 30.2 está expresamente protegida por el recurso de amparo conforme al art. 53.2 CE.
35. Según el art. 54 CE, el Defensor del Pueblo es:
El art. 54 CE define al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, pudiendo supervisar la actividad de la Administración y dando cuenta a las Cortes Generales.